La Fiscalía de Almería ha solicitado penas de prisión para 30 personas implicadas en una trama que organizaba falsas agresiones machistas para que mujeres en situación irregular obtuvieran permisos de residencia en España y accedieran a ayudas sociales. La petición se dirige, entre otros, al principal acusado e ideólogo de la red, identificado con las iniciales A.F., quien deberá indemnizar solidariamente junto a nueve de las mujeres receptoras de prestaciones a la Seguridad Social para reintegrar más de 46.000 euros defraudados.

Según la Fiscalía, el grupo actuó entre 2017 y 2019. El procedimiento consistía en que las mujeres, tras ser agredidas, presentaban denuncias ante la Guardia Civil o en juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer, y con las sentencias obtenidas solicitaban su regularización en España por períodos de cinco años. La acusación sostiene además que el plan involucró a otra persona identificada que no ha sido localizada.

La red se articulaba en dos bloques: 13 hombres que representaban el papel de agresores y 16 mujeres que figuraban como víctimas. Los hechos se producían en espacios públicos de localidades como Roquetas de Mar, Almería, El Ejido o Vícar, donde los hombres agredían físicamente a las mujeres causándoles lesiones reales. Tras la agresión, las supuestas víctimas declaraban falsamente ante la Guardia Civil o los juzgados que el agresor era su pareja sentimental, y con la sentencia condenatoria acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería para obtener la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

La organización cobraba hasta 4.500 euros por gestionar el circuito completo. De las 16 mujeres, nueve utilizaron las sentencias judiciales para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), gestionado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal, defraudando cantidades individuales que oscilaban entre 2.000 y 6.000 euros en ayudas.

Para los 13 hombres que actuaron como agresores, la petición es de nueve meses de cárcel cada uno por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las 16 mujeres se enfrentan a tres años y nueve meses de prisión por delitos de falso testimonio, y a las nueve que percibieron prestaciones ilícitas se les añade un año y seis meses por delitos contra la Seguridad Social, junto con la pérdida del derecho a obtener subvenciones durante cinco años. El Ministerio Público ha interesado asimismo el sobreseimiento provisional para cuatro investigados cuya participación en los hechos no quedó debidamente acreditada.