El Gobierno ha limitado hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de las entidades denominadas 'fondos buitre', es decir, personas con o sin personalidad jurídica que incluyan en su objeto social la compraventa de inmuebles y pretendan adquirirlas por un precio inferior al 70 % de su valor de tasación de mercado.

Según EFE, el texto de 96 páginas se publicó este miércoles en el BOE y forma parte de uno de los dos decretos de vivienda aprobados el día anterior. Según Europa Press, la medida figura en el artículo 1 del Real Decreto-ley de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y frente a la especulación, y las excepciones ya habían sido anunciadas el martes por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La limitación no será de aplicación cuando la transmisión se destine a vivienda habitual a precio asequible o social durante un plazo mínimo de cinco años, o cuando el comprador sea una persona que precise atención sociosanitaria, un colectivo vulnerable o una víctima de violencia. Tampoco se aplicará si la persona jurídica compradora acredita su adhesión a un Código de Buenas Prácticas acordado con la autoridad competente en materia de vivienda.

Según EFE, los pisos turísticos con un plazo inferior a un mes (30 noches) tendrán un régimen fiscal específico con un IVA del 10 %. En el caso de viviendas de uso residencial destinadas a alojamientos turísticos, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta el 50 % en el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

Según EFE, el decreto incorpora también medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables y sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, y permite a los inquilinos con contratos vigentes hasta esa misma fecha solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años adicionales por plazos anuales.

Según EFE, respecto a los alquileres de temporada, se deberá incorporar la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario y la duración del contrato será pactada entre las partes, siendo superior a 31 días y sin sobrepasar los 12 meses.

Según EFE, ambos textos se llevarán este mismo viernes al Consejo de Ministros para su convalidación.